El Grupo Parlamentario socialista ha registrado este viernes en el Congreso la “proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, que pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos; así como prohibir la admisión de denuncias basadas “en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados”. La propuesta, adelantada por la Cadena SER, se registra después de la apertura de una investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y de otra del mismo grupo ultra contra el hermano de Pedro Sánchez. “Excepcionalmente”, añade el texto, “se admitirán cuando reflejen hechos no contrastados, pero de conocimiento general o declaraciones efectuadas de modo libre y espontáneo por la persona sospechosa en relación con el objeto de la investigación, o declaraciones de personalidades u organizaciones políticas que no han sido desmentidas ni cuestionadas en el proceso”.