Una jueza de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, que estaba a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de malversación vinculado al procés. El auto de archivo concluye que los hechos que se le atribuyen (la concesión de ayudas para promocionar el proceso independentista en el extranjero) no supusieron un lucro personal ni afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que el caso queda al abrigo de la medida de gracia. El razonamiento de la magistrada se aleja del planteamiento esgrimido por el Tribunal Supremo en relación con los procesados y condenados por el referéndum del 1-O: tanto el instructor Pablo Llarena como el magistrado Manuel Marchena han rechazado aplicar la amnistía con el argumento de que sí hubo lucro personal: sostienen que al emplear fondos públicos para organizar la consulta lograron un “ahorro”, ya que no tuvieron que recurrir a sus finanzas personales.