Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, intentó en septiembre de 2022 corregir mediante una regularización extraordinaria el supuesto fraude que había cometido dos meses antes al declarar unos gastos inexistentes de su empresa Maxwell próximos al millón de euros para reducir así al mínimo su factura del Impuesto de Sociedades de 2021. Pero su asesora fiscal le dijo que esa “regularización” que pretendía hacer para evitar el castigo de la Agencia Tributaria era imposible porque Hacienda llevaba meses investigándole por la declaración fiscal del año anterior en la que también había incluido otro gasto inexistente de 620.000 euros. La asesora le explicó que no se podía ni se debía hacer [la regularización] y, además, podía ser “malinterpretado”, según le explicó el representante de González Amador a la Agencia Tributaria. La Ley prohíbe expresamente una regularización cuando la Agencia Tributaria o la Fiscalía han comunicado al contribuyente que tiene una investigación abierta.