La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que la consejera encargada del expediente por el desvío de fondos para organizar el referéndum ilegal del 1-O y para la promoción exterior del procés no debe plantear sus dudas sobre la ley de Amnistía a la justicia europea. Así se hace constar en el informe remitido por el fiscal jefe del órgano fiscalizador a la consejera Elena Hernáez, que tiene en sus manos la posibilidad de dictar sentencia para exigir la restitución de dichos fondos a la Administración ―en este caso la autonómica catalana―, o bien llevar adelante su propósito de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de persistir sus dudas sobre la obligatoriedad de considerar amnistiados los hechos. El informe del fiscal, como los de las defensas, se inclina por esta segunda opción, pero ninguno de ellos es vinculante. Aunque el informe no lo hace constar, fuentes de la Fiscalía subrayan que a su juicio la consulta al TJUE tendría simplemente efectos dilatorios para la aplicación de la amnistía.