PSOE y Junts se habían marcado el 31 de diciembre como fecha límite para consensuar una ley orgánica que permita la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, pero el 2024 expiró sin que hubiera fumata blanca. Cuando quedaba claro que el tiempo se echaba encima de los negociadores, los posconvergentes dejaron claro en todo momento que priorizarían el contenido del traspaso y un buen acuerdo a los plazos estipulados de antemano. Eso es lo único que trasciende desde las filas de JxCat a día de hoy.