Ni fácil ni barato. La destrucción de las cada vez más numerosas grandes plantaciones de marihuana que las fuerzas de seguridad logran localizar en su lucha contra el narcotráfico ha obligado al Ministerio del Interior a aumentar a 870.793 euros, IVA incluido, el presupuesto que destinará durante los próximos cuatro años a contratar empresas de jardinería para que destrocen in situ estos cultivos, según se recoge en el expediente de licitación adjudicado el pasado junio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En dicha documentación, el departamento de Fernando Grande-Marlaska reconoce que estas plantaciones, muchas de ellas situadas en lugares de difícil acceso para evitar ser detectadas, se han convertido en “uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad” los cuerpos policiales, sobre todo después de que en los últimos años el número de plantas incautadas haya aumentado “de forma exponencial”.