El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Junts Estimem Vilassar) a pagar 3,3 millones de euros de indemnización y a devolver dos parcelas a los propietarios de una promoción urbanística que no se ejecutó desde el 2009. A esta cantidad se suma la devolución de la fianza de un millón de euros a la empresa promotora y al pago de las costas judiciales del proceso, abogados y otros gastos. En total más de cinco millones de euros, sin haber construido una sola vivienda en la promoción urbanística de Can Vives.