Han sido muchas las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que, desde que se creó, han declarado la vulneración de derechos fundamentales por las resoluciones del Tribunal Supremo o por las de otros órganos del poder judicial. Nada de eso es extraordinario ni aquí ni en otros países europeos, como tampoco lo es que hayan anulado normas del poder legislativo o actos del poder ejecutivo por la misma razón o por infringir otros preceptos de la Constitución o la ley. La división de poderes (y los tribunales constitucionales son un nuevo poder) busca precisamente eso: evitar los errores, excesos o abusos del poder con divisiones y subdivisiones del mismo que hoy día nos llevan, incluso, hasta el Tribunal de Estrasburgo que, por cierto, también ha condenado a España por vulneraciones de derechos recogidos en el Convenio permitidas o causadas por el propio TC.