El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés. Mantiene las órdenes nacionales de detención del expresidente Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig y no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.