La sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado amparo parcial a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE contiene claras advertencias al Tribunal Supremo para que se ajuste a sus funciones constitucionales, estimando que en la condena impuesta en 2022 a la exconsejera de la Junta de Andalucía se extralimitó. Actuaciones de ese tipo —añade el órgano de garantías— pueden llegar a poner en cuestión la separación de poderes. Así lo dicen los siete magistrados de la mayoría progresista en el fallo sobre Álvarez, anunciado la semana pasada y cuyo contenido se ha hecho público este martes. Los votos particulares (discrepantes) de los cuatro magistrados del sector conservador, en cambio, estiman que el fallo “equivale a consagrar un ámbito de impunidad”, algo “contrario a la Constitución”.