De cómo entró la proposición de ley el viernes 10 de enero en el registro del Congreso, firmada por el grupo socialista, sobre reforma de la acusación popular, a como saldrá reflejada en el Boletín Oficial del Estado, si es que acaba fraguando en una norma, puede haber una profunda transformación. La motivación ahora de los socialistas, como la que impulsó, sin consecuencias prácticas, al Gobierno del PP en 2017, y antes a un amago de ese mismo partido en 2011, es la misma: la utilización política de este instrumento constitucional para destruir al adversario. Esa denuncia la proclamó antes el PP y ahora el PSOE, después de verse zarandeado en los tribunales por organizaciones de muy marcado sesgo ultraderechista, con afectación en la familia del presidente: su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón.