Una de las principales dificultades que se les presenta a los jueces y a los fiscales para aplicar la ley de amnistía es determinar qué hechos concretos pueden quedar recogidos bajo el paraguas de proceso independentista y cuáles no. La justicia temía una avalancha de casos en los juzgados que nada tuvieran que ver con la cuestión catalana en la que los condenados solicitaran la amnistía para probar a ver si había suerte.