El real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros promete solucionar el hacinamiento de menores migrantes no acompañados en territorios como Canarias y Ceuta. Tras garantizarse el apoyo de Junts, el Gobierno llevará al Congreso una propuesta que le tumbaron el pasado verano los de Puigdemont, Vox y PP. El acuerdo político parece sellado, pero la distribución de los primeros 4.400 menores es de una enorme complejidad técnica y aún faltan detalles por concretar. Entre otros, uno nada menor: para que todo esto salga adelante hay que dimensionar la capacidad de acogida que tiene cada comunidad autónoma para, a partir de ahí, calcular el número de traslados y definir la financiación que recibirá cada una de ellas. Hacienda ha dispuesto un crédito extraordinario de 100 millones que gestionará el Ministerio de Juventud e Infancia, pero el dinero está condicionado al esfuerzo de acogida presente y pasado de las comunidades. Solo lo recibirán aquellas que reciban menores de otros territorios y que a la vez ya tengan sus sistemas sobreocupados. Pero la saturación no podrá ser una queja de boquilla ante los micrófonos de los periodistas: las regiones tendrán que demostrarlo.