Las autoridades de Mauritania, socio estratégico de España en materia de cooperación antimigratoria, lidian con un nuevo caso de corrupción que pone en evidencia el sistema financiado por la Unión Europea y España en el que se sustenta la lucha antimigratoria en países de origen y tránsito. Al menos 13 personas fueron detenidas en Nuakchot el pasado 9 de octubre, entre ellas 11 agentes de policía acusados de recibir sobornos por parte de migrantes y refugiados. A cambio los dejaban en libertad y no los abandonaban cerca de la frontera con Malí, un modus operandi habitual para desembarazarse de aquellos que pretenden llegar a las islas Canarias. Los otros dos detenidos son dos traficantes de personas que facilitaban la salida de los cayucos.